Datos abiertos siguen cerrados a comunidades en América Latina

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MÉXICO, 3 noviembre 2015 (IPS) – Las políticas de datos abiertos en América Latina aún no permiten que las comunidades ejerzan sus derechos de acceso a información, consulta y participación frente a proyectos extractivos y de infraestructura que afectan a su entorno y a su forma de vida. 

Esos derechos están contenidos en la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, con que se cerró en 1992 la llamada Cumbre de la Tierra, celebrada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

El Principio 10 de esa declaración estipula que “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.

Además, los Estados “deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos”.

“En América Latina la falta de información abierta y oportuna es un problema generalizado”, aseguró Tomás Severino, director de la organización no gubernamental mexicana Cultura Ecológica.

El especialista explicó a IPS que “la información es técnica y especializada. Datos abiertos nos da la posibilidad de generar información accesible, de desagregarla y difundirla”.

El vínculo entre datos abiertos y proyectos que inciden sobre poblaciones y el ambiente fue uno de los temas de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada entre el 27 y el 29 de octubre en Ciudad de México.

— Nota completa aquí.
— Foto: Paloma Baytelman

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