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“Ofrecer acceso a los datos crudos, descargables en formatos abiertos, leíbles por cualquier dispositivo electrónico y sin restricciones para su reutilización, podría, tal vez, favorecer una vigilancia ciudadana más ágil y eficiente” — Samuel Rotta

Samuel RottaEntrevista a Samuel Rotta (@srotta)
* Subdirector de Proética – Capítulo peruano de Transparency International.

¿Para qué sirven los datos abiertos desde tu experiencia?
Llevo varios años trabajando en la promoción de la transparencia y el acceso a la información en el Perú. En este tiempo, he visto cómo varias plataformas electrónicas a través de las cuales se presenta información pública han ido evolucionando, facilitando, en mayor o menor medida, el acceso a los datos, como por ejemplo la consulta amigable del SIAF, los sistemas de consulta de estadísticas del INEI o incluso la información de finanzas partidarias de la ONPE.

Como parte de mi trabajo en Proética, uso intensivamente estas y otras plataformas; sin embargo, siempre he pensado que pueden funcionar mucho mejor, que podrían ofrecer una experiencia menos tortuosa a quienes navegamos entre sus datos buscando incoherencias que nos den pistas de irregularidades en la gestión pública. Creo que los datos abiertos pueden traer un cambio sustantivo en estos casos: ofrecer acceso a los datos crudos, descargables en formatos abiertos, leíbles por cualquier dispositivo electrónico y sin restricciones para su reutilización, podría, tal vez, favorecer una vigilancia ciudadana más ágil y eficiente.

Para terminar esta respuesta, quisiera mencionar un reciente estudio de nuestros colegas de Transparency International – UK (2014), el cual encontró que, de una muestra de 95 escándalos de corrupción analizados en ese país, en un 7% de casos el destape provino de la revisión de portales de datos abiertos, lo cual muestra un potencial interesante de esta herramienta en el campo específico de la lucha contra la corrupción.

¿Cómo describirías la situación el Perú en cuanto al uso de datos abiertos?
A diferencia de Gran Bretaña, los datos abiertos son algo que todavía parece tecnología extraterrestre en el Perú. Ciertamente, hay mucha información disponible. Veamos el caso específico de las contrataciones públicas: existe una relación de proveedores del Estado en el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, un buscador de procesos de contratación gestionado por el Órgano Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) y está la información sobre contrataciones que cada una de las entidades públicas del Perú tiene en su portal de transparencia estándar. Ninguna de estas fuentes tiene la información en formato de datos abiertos.

A pesar de que hay algunas iniciativas en curso (los municipios de Miraflores y San Isidro, por ejemplo), lo normal es la diseminación de información en formatos cerrados. Creo que esto se explica por la presencia de muchas limitaciones de muy distinta naturaleza. Por ejemplo, el desconocimiento de los liderazgos políticos sobre los datos abiertos, el desinterés de los responsables de la gestión pública por promover programas de este tipo, la falta de demanda de parte de ciudadanos, empresas y organizaciones sociales, la ausencia de cuidado en el almacenamiento y organización de expedientes e, inclusive, aquella necesidad irrefrenable que tienen los funcionarios públicos de poner su firma sobre todo documento, lo cual repercute en la imposibilidad de darle a bases de datos electrónicas el estatus de “oficial” a falta de sellos o firmas de funcionarios.

Es importante señalar también que hay una muy débil penetración de lo que, haciendo acrobacias sociológicas, podríamos llamar la “cultura de datos abiertos” entre el sector privado y la sociedad civil. Esto, como he señalado, no solo limita la demanda de datos del Estado, sino que también reduce las experiencias de apertura desde estas mismas organizaciones.

¿Qué crees que podemos hacer como sociedad civil y como estado para promover el uso de datos abiertos?
Claramente hay mucho trabajo de “evangelización” por delante. Es importante difundir el concepto, aclarar que es un nuevo nivel de transparencia, que no basta tener un portal, que es clave ordenar los procesos internos para poder llegar a ofrecer bases de datos consistentes. Este tipo de estrategia puede ser coronada con la búsqueda y reconocimiento de “campeones”, que estén mostrando avances en este campo o tengan el interés o potencial por hacerlo; y así, a través del ejemplo, ir incentivando a otras entidades a revisar y potenciar todos los componentes de sus cadenas de valor que resultan en la publicación de un juego de datos abiertos en línea.

Pero hay una estrategia distinta que se requiere para la promoción del acceso a información en temas políticamente sensibles, como las contrataciones públicas, el patrimonio e intereses de los funcionarios y autoridades o los beneficiarios reales de las corporaciones. Aquí los datos abiertos deberían sumarse a una campaña para lograr que, al menos, estos temas sean introducidos y discutidos en la agenda pública. Las experiencias exitosas en algunos países (como el caso de Georgia en contrataciones públicas) o las actuales corrientes globales para abrir estos datos sensibles (al menos en promesas, como muestra un reciente reporte de Transparencia Internacional sobre la transparencia de beneficiarios reales en países del G20), combinadas con el interés del Perú por incorporarse al club de países desarrollados que es la OECD, podrían servir como anclaje para demandar cambios sustanciales en el país.

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